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El Gobierno usará la Diputación Permanente para sortear el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda
Fecha Publicación:
05/10/2026
Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas, Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja. Pero pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven justificado cuando se trata de medidas urgentes.La función principal de la Diputación Permanente es la de velar por la continuidad institucional de la Cámara Baja durante los períodos en los que no hay sesiones o en período electoral, hasta que se forma el nuevo Ejecutivo. Al contar con menos miembros que el hemiciclo del Congreso, las mayorías son diferentes. En esta legislatura cuenta 68 diputados más la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El reparto oficial asigna 27 representantes al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a cada uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Con Armengol, el bloque socialista suma en la práctica 25 votos. Una cifra que impide a PP, Vox y Junts tener capacidad para tumbar las propuestas del Gobierno en materia de vivienda.Por tanto, al PSOE le bastarían los votos de sus aliados de izquierda y del PNV, que ya apoyó el viernes el primero de los dos reales decretos, el que contenía, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de los alquileres durante dos años o la prohibición de compra de vivienda a los fondos de inversión. Aunque los nacionalistas vascos aún no se han pronunciado sobre su apoyo a un nuevo decreto que, por ahora, es una incógnita.El Gobierno tiene la intención de llevar dos nuevo decreto que recuperen las medidas que decayeron durante el último pleno. Aunque, por ahora, se desconoce el contenido del mismo, es de esperar que no contengan las peticiones que realizó Junts, un partido que ya no es necesario para Moncloa, y que pedía rebajar impuestos y añadir medidas antiokupación. Tanto Sumar como PSOE han descartado negociar los decretos con Junts y ambos partidos indican que, en principio, “el núcleo” de la propuesta en materia de bonificaciones fiscales se mantiene, aunque con algún “ajuste puntual”. También es de esperar que, por contra, se mantengan las peticiones del PNV, como la de rebajar el IVA de los alquileres turísticos del 21 al 10%, ya que los votos de los nacionalistas vascos son cruciales. La formación que lidera Aitor Esteban no confirma todavía el sentido de su voto y señala que examinará “en profundidad” los nuevos decretos antes de tomar una decisión.La formación nacionalista ha aseverado que afronta estas conversaciones con una posición clara: "protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica".Por ahora, el ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha avanzado en rueda de prensa que uno de los decretos incluirá la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos hasta el 2028, la regulación de alquileres turísticos y de temporada y la prohibición de compra por parte de fondos 'de inversión.Una vez aprobados en el Consejo de Ministros, el calendario también es prerrogativa del Gobierno, que dispone de un mes para llevarlo ante la Diputación Permanente, tiempo durante el cuál estarían en vigor estas medidas, como pasa con los Reales Decretos.Un mecanismo "desafortunado"Los expertos reconocen que esta vía parlamentaria es completamente legal y está respaldada por la Constitución, sin embargo no la ven justificada porque, entienden, la Diputación Permanente tiene como función aprobar medidas de urgencia como sería hacer frente a catástrofes naturales o situaciones que afecten a la seguridad nacional. "A mi juicio, aunque es legal, no concurre la extraordinaria y urgente necesidad. De ninguna manera, porque tiene que ser una circunstancia extraordinaria, justificada. Otra cosa es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, muy desafortunada, haya provocado que si al Gobierno le parece que es urgente, está justificado", explica para idealista/news Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.Tajadura advierte también de que si el Gobierno aprueba este martes un texto idéntico al que el Congreso no convalidó el viernes, estaría incurriendo en un fraude de ley. Por lo que está obligado a modificarlo parcial o totalmente. Eso es así porque los tumbó el pleno y los convalidaría un órgano menor.Este experto es muy crítico con las medidas que contenían los dos reales decretos que no se convalidaron el viernes en el Congreso, que tacha de "manifiestamente inconstitucionales porque no puede afectar a derechos fundamentales al erosionar gravemente el derecho de propiedad"." El derecho de propiedad no puede ser regulado por decreto ley de esta manera como se ha hecho", advierte.El precedente de 2019Existe un precedente cercano en el que el Gobierno usó la Diputación Permanente para aprobar medidas en materia de vivienda. Fue en marzo de 2019, también con Sánchez como presidente -en ese caso era su primer mandato- y este órgano aprobó un real decreto ley de reforma del mercado del alquiler.El texto modificaba, entre otras cosas, la duración de los contratos de arrendamiento o las garantías adicionales a la fianza. Además, incluía una estadística del precio del alquiler.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/10/05/917381-el-gobierno-usara-la-diputacion-permanente-para-sortear-el-rechazo-del-congreso-a
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