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Las medidas que proponen partidos y empresarios para contener el impacto de la guerra en Irán
Fecha Publicación: 12/03/2026
 
El Gobierno ultima un paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio antes de presentárselo a oposición y agentes sociales. Desde el inicio del ataque de Irán por parte de EEUU e Israel a finales de febrero, el Ejecutivo está elaborando un plan de contingencia por si fuera necesario ayudar a familias y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias, siguiendo la estela de las medidas extraordinarias que puso en marcha durante la crisis del covid o el inicio del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

A la espera de conocer las medidas que presentan a oposición y agentes sociales, tanto los partidos como los empresarios han lanzado sus propias iniciativas en los últimos días.

Unas propuestas de perfil muy variopinto y que pasan por nacionalizar Repsol, crear un banco público, topar el precio de los alimentos, bajar el IVA de la energía o deflactar el IRPF. En materia de vivienda, destacan expropiar viviendas a fondos de inversión, prorrogar los contratos de alquiler y recuperar el 'escudo social' que tumbó el Congreso de los Diputados hace dos semanas, que incluye la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar a familias vulnerables.

Sumar: del escudo social al impuesto a las energéticas
La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha reclamado al PSOE ampliar el conocido como 'escudo social' qur tumbaron PP, Vox y Junts en el Congreso.

También se muestra a favor de recuperar la excepción ibérica, medida que utilizó el Gobierno durante la guerra en Ucrania para intervenir el precio del gas poniendo un tope máximo, en este caso, de 30 euros el megavatio hora.

Por otro lado, el partido apuesta por recuperar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que aunque llegó a estar en vigor se suspendió en el Congreso y con el que se recaudaron 1.300 millones de euros.

Hernández también ha planteado que aumente el número de familias que perciben el bono social eléctrico y se mantenga congelada la tarifa de último recurso del gas, así como reforzar las bonificaciones al transporte público y bonificar aquellos sectores profesionales que dependen más del gasóleo, como transportistas, agricultores, pescadores o taxistas.

Asimismo, ha sugerido ayudas a los particulares como también se hizo con el conflicto en Ucrania cuando se rebajó 20 céntimos el litro de combustible, pero siempre que el precio esté al menos en los 2 euros el litro. Y también conceder ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva.

En materia de vivienda, su propuesta pasa por prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año y fijar controles en los precios de alimentos básicos como se hizo con las mascarillas en la pandemia. Por último, solicita una inversión "masiva" en energías renovables y la electrificación del país.

Podemos: de nacionalizar Repsol a expropiar viviendas a fondos
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que es el momento de "recuperar el control público" de los sectores estratégicos como el energético o el financiero.

Entre las propuestas que defiende la formación política destacan nacionalizar Repsol, una medida que ya ha registrado en una ley, pero que ha sido vetada por el Gobierno por suponer un coste para las arcas públicas de unos 8.960 millones de euros.

Además, apuesta por crear una "banca pública" y una cadena de supermercados pública, así como "expropiar" todas las viviendas que sean cartera de los fondos "buitre" procedentes de EEUU y destinarlas a un parque público de alquiler. También pide bajar un 40% el precio de los alquileres, dar un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo, recuperar el mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas, instaurar la gratuidad del transporte público y limitar los márgenes de beneficio empresarial de grandes superficies de alimentación (no más del 2%).

Por último, el partido no solo pide recuperar las medidas el decreto del escudo social que tumbaron PP, Vox y Junts en el Congreso, sino que también piden incorporar nuevas medidas adicionales de ayuda dirigidas a sectores productivos. En el caso de la moratoria antidesahucios, propone que tenga una duración de al menos un año.

PP: de bajar el IVA de la energía a más deducciones en el IRPF
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aboga por bajar un 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica. También recomienda blindar los salarios de las familias, especialmente de las que tienen hijos, con una reforma del IRPF que duplique los mínimos vitales por hijo a cargo y actualice los tramos.

Según fuentes del principal partido de la oposición, "todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año".

BNG: regular los precios de bienes básicos
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha avanzado que su partido trasladará al Ejecutivo un paquete de medidas en el ámbito económico, fiscal, energético y social, incluyendo el control de los precios de bienes básicos.

A su juicio, ampliar el escudo social, impulsar ayudas directas a las familias, apoyar a los sectores productivos y estratégicos e intervenir públicamente en el precio de la energía figuran entre las medidas que los nacionalistas gallegos consideran "necesarias" para hacer frente a la actual situación internacional.

ERC y Bildu: un escudo social permanente
Al igual que el BNG, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu también se muestran a favor de volver a plantear la moratoria antidesahucios. De hecho, las tres formaciones han registrado recientemente un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con el contenido del decreto del llamado 'escudo social', como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable, después de que la última prórroga perdiera sus efectos jurídicos; para garantizar "su carácter estructural y evitar que desaparezcan".

IU: intervenir los precios de la alimentación
El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado que la próxima semana presentará 15 medidas de intervención en el mercado, entre las que se encuentra "intervenir los precios de la cesta de la compra" ante "la situación extraordinaria" que se barrunta con una crisis económica asociada al ataque de EEUU e Israel a Irán. Por ejemplo, a través de un decreto que limite los precios.

Los empresarios piden bajar impuestos
En las últimas horas, también han llegado iniciativas desde el mundo empresarial. Por ejemplo, Juan Roig, presidente de Mercadona, ha sugerido rebajar el IVA de los alimentos al 0%. Una medida que no solo han criticado los partidos de izquierdas, sino también la patronal. Según Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, "hoy por hoy" no está de acuerdo con esa medida. En todo caso, cree que sería algo que habría que evaluar "en función también de cuáles son los ingresos".

Lo que también critica la patronal es la bonificación del combustible que estudia el Ejecutivo. Según Garamendi, en el caso de que hubiera intervenir el precio de las gasolinas, la solución no es bonificar el combustible, sino aplicar rebajas en el IVA como piden los gasolineros. En concreto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha pedido una reducción del IVA del 21% al 10% en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo.

El presidente de la CEOE también se ha opuesto a intervenir los mercados de la vivienda, la alimentación y la energía, topar los precios del alquiler y el gas, grabar con un nuevo impuesto a las grandes empresas de distribución o recuperar el impuesto a las energéticas como piden Sumar y Podemos, al considerar que son "populismo puro".

Su postura pasa por deflactar el IRPF para impedir que la subida de la inflación merme la capacidad adquisitiva de los hogares.

El Gobierno confía en aprobarlo por unanimidad
Este jueves, 12 de marzo, el Gobierno se reunirá con los agentes sociales. Se espera que estén presente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El propio Cuerpo ha afirmado en una entrevista en TVE que el Ejecutivo está terminando de definir un paquete "de consenso" para hacer frente al conflicto en Irán, y que confía en poder aprobarlo por "unanimidad".

El ministro Cuerpo ha indicado que se están manteniendo conversaciones "activas" con los sectores y en los próximos días se reunirá con el sector de servicios, distribución, transporte, sector agrario o gran industria para conocer sus sugerencias ante el conflicto. Y ha asegurado que no se descarta ninguna medida por el momento, aunque no ha dadodetalles sobre las medidas que llevará este primer paquete.

"Estamos finalizando la definición de estas medidas, con esta conversación activa, no solo con los partidos, sino mañana con ese diálogo social, con patronal y sindicatos, y hoy mismo con todos los sectores involucrados. Vamos a terminar de definir y, por supuesto, que las medidas que tomemos, es una obviedad, pero van a depender de cómo vaya evolucionando el conflicto, que esperemos que vaya evolucionando para bien y que pueda finalizar pronto", ha explicado.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/03/11/888212-las-medidas-que-proponen-partidos-y-empresarios-para-contener-el-impacto-de-la
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