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El magistrado del Supremo Vicente Magro reclama una ley urgente contra la okupación de viviendas
Fecha Publicación:
22/01/2026
El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática.Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, celebrado en L’Alfàs del Pi (Alicante), señaló que en España se producen alrededor de 16.000 ocupaciones ilegales al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa.En una ponencia centrada en los aspectos prácticos de la ocupación ilegal y su relación con las viviendas turísticas, el magistrado del Tribunal Supremo afirmó que el sistema actual no está ofreciendo una respuesta eficaz ni a los propietarios ni al mercado inmobiliario.Una respuesta legal inmediata frente a la ocupación de viviendasPara Magro, uno de los principales problemas es la falta de una legislación suficientemente específica que permita actuar con rapidez ante los supuestos de ocupación ilegal. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas, una carencia que limita de forma notable la capacidad de reacción judicial.Por ello, defendió la necesidad de aprobar una ley de forma urgente que habilite al juez de instrucción para acordar la expulsión inmediata de los okupas en un plazo de 24 horas, siempre dentro de la legalidad y con las debidas garantías procesales. En su opinión, sin una cobertura legal clara, los jueces no pueden actuar con la inmediatez que exige este tipo de situaciones.Impago de alquileres y ocupación: responsabilidad de las administraciones públicasMagro también se refirió al impago de rentas y a las situaciones de vulnerabilidad social, reconociendo que existen muchas personas que atraviesan graves dificultades económicas. No obstante, fue firme al delimitar las responsabilidades que corresponden a cada actor.Según expuso, la obligación de proveer vivienda a quienes carecen de ella recae en las administraciones públicas, no en los propietarios privados. Desde su planteamiento, advirtió de que no debería utilizarse a quienes tienen inmuebles en propiedad como una solución indirecta a un problema estructural de vivienda.En esta línea, el magistrado advirtió de que no puede imponerse a los ciudadanos una carga sobre su patrimonio para suplir las carencias del sistema público de vivienda, una situación que describió como una especie de servidumbre obligatoria forzada por la administración.Aunque insistió en la necesidad de ayudar a las personas sin vivienda y con problemas económicos, recalcó que esta tarea debe abordarse desde un marco legal global, diseñado y asumido por los poderes públicos, y no trasladando esa responsabilidad al propietario particular.Inseguridad jurídica y su impacto en el mercado del alquilerOtro de los efectos señalados por Vicente Magro es la creciente preocupación entre los propietarios. Muchos, explicó, se muestran reticentes a poner sus viviendas en alquiler ante la incertidumbre sobre si podrán recuperarlas en caso de impago de rentas o de ocupación ilegal.Según el magistrado, tanto el inversor extranjero como el nacional están reduciendo su apuesta por la vivienda destinada al alquiler debido a un panorama legislativo incierto, en el que el derecho de propiedad no se percibe suficientemente protegido.Equilibrio entre protección social y seguridad jurídicaLas reflexiones de Vicente Magro ponen de relieve que el problema de la ocupación ilegal va más allá de los casos concretos y afecta al equilibrio entre protección social y seguridad jurídica.Para el magistrado del Tribunal Supremo, la solución pasa por una reforma legal clara y urgente que permita actuar con rapidez frente a la ocupación ilegal sin desatender a las personas en situación de vulnerabilidad.En este contexto, señaló que una mayor implicación de las administraciones públicas resulta necesaria para reducir la incertidumbre de los propietarios y frenar la retirada de inversión en vivienda destinada al alquiler.Una posición sostenida en el tiempo por Vicente MagroLas advertencias formuladas por Magro sobre la necesidad de una respuesta judicial inmediata frente a la ocupación ilegal no son nuevas ni responden a un debate puntual. En una entrevista concedida a este medio en julio de 2024, con motivo de la publicación de su libro “Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble”, el magistrado ya alertaba de las consecuencias que están teniendo determinadas normas y decisiones legislativas sobre los propietarios afectados.En aquella entrevista, Magro ponía el foco en los efectos del Real Decreto-ley 11/2020 y en los retrasos que, a su juicio, se producen en la recuperación de la posesión de viviendas ocupadas ilegalmente.Defendía entonces que no deberían existir obstáculos ni aplazamientos en la devolución de la vivienda a quien ha sido privado de ella de forma ilegítima, subrayando que los problemas de vulnerabilidad social no pueden convertirse en una carga estructural impuesta a los propietarios privados.En aquella ocasión incidía en una idea que vuelve a reiterar: la responsabilidad primaria de garantizar el acceso a la vivienda corresponde a la Administración pública, no a los ciudadanos que han invertido sus ahorros en un inmueble.En este sentido, advertía de que cualquier aplazamiento injustificado en la recuperación supone un perjuicio grave para el propietario, que ve prolongada la pérdida de la posesión de su inmueble sin una respuesta administrativa inmediata.Magro también defendía la necesidad de unificar criterios en los procedimientos penales por allanamiento de morada y usurpación de inmueble, abogando por la adopción de medidas cautelares de expulsión inmediata con independencia de que se trate de una vivienda habitual o de un inmueble vacío. Una posición que conecta directamente con su propuesta de habilitar legalmente al juez de instrucción para ordenar el desalojo en plazos más breves.Esta coherencia en el discurso refuerza el mensaje de fondo: la ocupación ilegal no es un problema ajeno ni excepcional, sino un fenómeno que puede afectar a cualquier propietario y que requiere una respuesta normativa clara, previsible y eficaz.Para Vicente Magro, solo una reforma legal integral, junto a una mayor implicación de las administraciones públicas en materia de vivienda social, permitirá proteger a las personas vulnerables y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre de los propietarios y evitar que el miedo a la ocupación ilegal siga alejando la inversión en vivienda destinada al alquiler.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2026/01/22/880318-el-magistrado-del-supremo-vicente-magro-reclama-una-ley-urgente-contra-la-okupacion
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