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El año en el que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles
Fecha Publicación: 26/12/2025
 
Otro año acaba sin atisbos de una mejora de la situación de la vivienda, que ya es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Lejos de reducirse la intervención del Gobierno en el mercado residencial, se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en este 2025 con la entrada en vigor del Registro Único de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, el fin de la ‘golden visa’, la entrada de más municipios entre las zonas tensionadas, mientras sigue aparcado en el Congreso la regulación los alquileres de corta duración, que ya ha aprobado Cataluña. Se ha puesto marcha la Empresa Estatal de Vivienda y un exigente seguro público de impago de alquiler para los propietarios, mientras Europa ha presentado su propio Plan de Vivienda asequible.

El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año vuelve a situar a la vivienda como el primer problema de los españoles. Las dificultades para tener un lugar donde vivir preocupa a un 39,9% de la población, tan sólo una décima menos que el mes anterior, cuando marcó récord, con un 40%. La vivienda estrenó esta primera posición en la tabla de preocupaciones nacionales en el barómetro de diciembre de 2024 (22,3%) y no ha abandonado ese puesto desde entonces.

La situación del mercado de la vivienda en venta y en alquiler preocupa a los ciudadanos, a los actores del sector y a las Administraciones Públicas. En el caso del Gobierno central, esa inquietud se ha convertido en ofuscamiento durante siete años, tratando de controlar los alquileres (cambios en la LAU, límites a la subida de rentas, Ley de Vivienda), pero que lo único que ha conseguido es ser un actor destacado en el problema del acceso a la vivienda en nuestro país.

El año comenzó fuerte para el Gobierno con el anuncio de Pedro Sánchez de un nuevo paquete de medidas en materia de Vivienda, de los muy pocos son una realidad actualmente, poco más que el seguro público ante impagos del alquiler, el PERTE a la construcción industrializada de vivienda o la puesta en marcha de la Empresa pública de Vivienda (Casa47).

En el tintero se ha quedado la exención del 100% sobre el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal, y sin la necesidad de que se encuentren en una zona declarada como mercado residencial tensionado; la puesta en marcha de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías que se destinen al alquiler asequible; un incremento de impuestos a los compradores extracomunitarios no residentes en España; el cambio del régimen de ventajas fiscales de las socimis, para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible, o la reforma fiscal en el Congreso para que los pisos turísticos tributen como una actividad económica.

El anuncio hecho en enero del seguro de alquiler se ha cumplido 'in extremis' con la aprobación en Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre. Será una cobertura por los impagos del arrendamiento, daños causados a la vivienda o suministros debidos que gestionarán las CCAA, aunque aún se desconoce su presupuesto, y en el que hay que cumplir unos estrictos requisitos si el propietario quiere beneficiarse, como sea para jóvenes y personas vulnerables o que se apliquen rentas que superen el índice estatal de referencia o para contratos en vigor a 30 de enero de 2025.

Mientras, la Ley de Vivienda cumple dos años y medio, mientras se amplían las ciudades que se han declarado zonas de mercado residencial tensionado, destacando las tres capitales vascas, Pamplona y A Coruña. España cierra 2025 con más de 300 municipios declarados como zona tensionada en vivienda.

Una declaración que se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que echan la culpa a esta ley de la reducción de la oferta de viviendas en alquiler y la escalada de precios en todas las capitales españolas, además de impedir la creación de más suelo para levantar viviendas con una Ley del Suelo que se ha quedado obsoleta, y que tras su reforma pendiente en mayo de 2024 no ha vuelto a ponerse sobre la mesa de debate entre Gobierno y CCAA.

Los partidos de la oposición e incluso los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han criticado la Ley de Vivienda por intervencionista y generar mayor inseguridad jurídica entre los propietarios, ahuyentando la oferta de casas disponibles, lo que hace que crezcan los precios, o por quedarse insuficiente en sus medidas. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se han negado a aplicar las zonas tensionadas y la regulación de precios, y además han criticado la invasión de competencias.
www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/12/26/877336-el-ano-en-el-que-la-vivienda-se-ha-convertido-en-el-principal-problema-de-los
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