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Los promotores recurren el freno municipal al desarrollo del sur de Madrid
Fecha Publicación: 10/04/2018
 
Los promotores del desarrollo urbanístico del sur de Madrid han decidido llevar a los tribunales el plan director del Ayuntamiento de Madrid que pone freno a la creación de 100.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en el distrito de Vicálcaro. El plan elimina de un plumazo a dos juntas de compensación y rediseña otro desarrollo, pero lo hace de una manera que, según los promotores, es irregular. Las compensaciones pueden alcanzar centenares de millones.

Los promotores del sureste acusan al gobierno de Manuela Carmena de paralizar el mayor proyecto urbanístico de Madrid con un instrumento "incierto". Se trata del Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste, que no está previsto en la Ley del Suelo de la Comunidad, pero del que se derivan efectos jurídicos y pérdidas económicas, y por el que hoy acuden al Tribunal Contencioso-Administrativo, como adelanta EL PAÍS.

En el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento aprobó este Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. Fue la conclusión de las "mesas sociales" organizadas por el edil de Urbanismo José Manuel Calvo (Podemos), y que según los promotores sirvieron de tapadera para una política ya decidida.

El plan aplaza el desarrollo de 100.000 nuevas viviendas en el distrito de Vicálvaro, de las que 50.000 serán de precio asequible. Formaliza, además, la eliminación de dos juntas de compensación (en Los Cerros y en Valdecarros), de las que dependen miles de cooperativas que han invertido 400 millones, y la reducción del suelo edificable en otros dos ámbitos (Berrocales y Ahijones). Los promotores aseguran en su recurso que la decisión acarrea pérdidas inmediatas y piden al juez que la bloquee.

En el plan director, el Ayuntamiento habla de "racionalizar" y "secuenciar" la zona para ajustarla a las necesidades previsibles de suelo. "Se trata de no desarrollar megaproyectos de manera unitaria y simultánea, sino dividirlos e irlos tramitando en la medida en que se vayan consolidando los anteriores", señala el documento, que el gobierno local ha decidido evitar que se someta a información pública.

Pero según los promotores todo ese plan es un instrumento electoralista para evitar al edil de Podemos perder votos con vistas a las elecciones de 2019, e ignora el interés general. Calvo se convirtió en concejal por los pelos en 2015 (fue el último de los veinte elegidos en las listas de Ahora Madrid) y ahora lucha para mantenerse en la lista electoral. El diseño al que se opone está avalado por todas las administraciones y el Tribunal Supremo. Se trata de una apuesta apoyada por analistas del sector, alarmados por el repunte del precio de la vivienda y el alejamiento de los jóvenes del centro, al que, en teoría, el Consistorio intenta poner coto.

Los promotores del desarrollo urbanístico del sur de Madrid han decidido llevar a los tribunales el plan director del Ayuntamiento de Madrid que pone freno a la creación de 100.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en el distrito de Vicálcaro. El plan elimina de un plumazo a dos juntas de compensación y rediseña otro desarrollo, pero lo hace de una manera que, según los promotores, es irregular. Las compensaciones pueden alcanzar centenares de millones.

Con la decisión de llevar a los tribunales el plan director, los promotores del sureste demuestran que ya no están dispuestos a debates teledirigidos por el concejal de Urbanismo. El edil llevó su política a través de las llamadas "mesas sociales". Los promotores acudieron a ellas con la esperanza de explicar y mejorar el planeamiento. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que entre los que acudían a las reuniones estaban activistas de Podemos, ecologistas y varias asociaciones, y que el resultado estaba ya escrito de antemano.

En las mesas no hubo votaciones y fue Calvo quien decidió cuál era el resultado, acusan los promotores. "Las sesiones justifican la aprobación del Plan Director, que contiene modificaciones concretas, detalladas y sustanciales de los desarrollos en ejecución, desplegando efectos jurídicos al impedir continuar con las tramitaciones en curso por ser incompatibles con las determinaciones vigentes", argumentan.

En definitiva, los promotores alegan que el plan es un instrumento inadecuado para bloquear un desarrollo avalado por los jueces. Creen que se puede dar una situación parecida a la instrucción que frenaba la apertura de nuevos hoteles, también anulada por los jueces. Y concluyen: "El plan ha sido dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".
elpais.com/ccaa/2018/04/08/madrid/1523221111_345236.html
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